Tomado de: nacion.com
Los diputados discuten un proyecto de ley que permitiría a estudiantes de bajos ingresos acceder a créditos de Conape aunque no dispongan de fiadores ni de propiedades para poner como garantías, a fin de que cursen estudios universitarios.
Se trata de una reforma a la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), la cual propone la creación de un fondo de garantías para los universitarios de menores ingresos.
Actualmente, la exigencia de fiadores o de garantías hipotecarias resulta excluyente para parte de estos estudiantes, un grupo que debería ser de atención prioritaria, según la ley de creación de esta entidad.
El proyecto 6041, presentado por la anterior fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), prevé la creación de un fondo de garantías por ¢2.000 millones, los cuales provendrían del superávit libre de esta institución.
Para hacerlo sostenible en el tiempo, el fondo se nutriría con los recursos que ingresan a la entidad por concepto de devolución de las pólizas (primas) que no ejecuta el Instituto Nacional de Seguros (INS), más los intereses que se generen de esos aportes.
Adicionalmente, Conape estaría autorizado a gestionar donaciones por medio de la cooperación internacional, así como ayuda del sector público o privado.
Jean Carlo Barrientos, secretario ejecutivo de Conape, explicó que el acceso a dicho aval se sometería a un exhaustivo proceso de selección, de manera que se compruebe el grado de vulnerabilidad de los beneficiarios.
“A nivel institucional, tendríamos que empezar a generar algún tipo de reglamento. El fondo aplicaría única y exclusivamente a casos excepcionales; no a toda a población. Sería población de zonas de muy bajo desarrollo relativo y que se acredite que no tienen las garantías oportunas para acceder al crédito educativo”, enfatizó el funcionario.
Barrientos informó de que la entidad no precisa cuántos préstamos se rechazan por falta de respaldo fiduciario e hipotecario.
La reforma se encuentra en el Plenario, a la espera de aprobación de mociones de fondo por parte de los legisladores.
La razón de ser de Conape es otorgar préstamos a costarricenses para estudios en formación técnica, educación parauniversitaria y universitaria. Se financian carreras y especializaciones de posgrado, dentro o fuera del país.
Una vez terminado el período lectivo, cada estudiante comienza a pagar a la entidad el monto de lo adeudado, a una tasa anual del 4,5%.
Desde su fundación, hace 41 años (en 1977), más de100.000 personas se han beneficiado con el servicio de esta institución.
En el último mes (mayo-junio 2018), la entidad tramitó 504 solicitudes y giró ¢2.400 millones en préstamos.
Para este 2018, el presupuesto para otorgar créditos es de ¢35.460 millones.
Respaldo estudiantil
Ese fondo de garantía sería administrado por un fideicomiso, el cual, incluso, deberá pagarle a Conape en caso de que el estudiante no cancele las cuotas cuando termine la carrera.
No obstante, comentó Barrientos, como se trata de un proyecto que está siendo discutido actualmente en el Congreso, las condiciones de operación del fideicomiso dependerán del criterio de los legisladores.
“Nosotros (Conape) planteamos un bosquejo general dentro de ese proyecto, pero como está siendo objeto de debate en la Asamblea Legislativa, no sabemos qué es lo que va a salir. Todavía no sabemos cuál sería el mecanismo formal de devolución”, explicó el funcionario.
Tampoco se ha definido cuál entidad financiera tutelaría ese aval que serviría de apoyo a los estudiantes.
Beneficiados podrán amortizar créditos
Aparte de la creación del fondo de garantía, el proyecto de reforma a la ley de creación de Conape busca modificar otros aspectos operativos de esa entidad, con el fin de mejorar el servicio a los usuarios.
Una de esas reformas les permitiría a los alumnos ir amortizando la deuda durante el período de estudios, con lo que disminuirían los intereses por cancelar al final. Actualmente, no se permite la amortización.
Otro de los cambios es que sea un comité de crédito que apruebe las solicitudes de préstamos, de manera que se les pueda dar trámite a las peticiones de forma más expedita.
Hasta el momento, esas aprobaciones están a cargo del Consejo Directivo de Conape, el cual se reúne dos veces al mes, situación que atrasa los vistos buenos de los préstamos.
“Ya existe la figura del comité de crédito, pero por disposición de ley es el Consejo el que aprueba. Lo que pasa es que a veces se atrasan las aprobaciones. Podría establecerse que el comité apruebe préstamos hasta los ¢14 millones, y que cuando son hipotecas o condiciones especiales, lo siga haciendo el Consejo Directivo”, agregó Barrientos.
Los trámites para obtener un crédito con Conape tardan alrededor de un mes, aseguró el secretario ejecutivo de la entidad.
Otra de las reformas que propone el proyecto de ley es que, cuando una persona asalariada o con entrada económica solicite un crédito, estos ingresos sean considerados y se tomen en cuenta como parte de la garantía solicitada.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio quien forma parte de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia –donde se discute la propuesta–, dijo que uno de los asuntos de debate más importantes entre los legisladores es la necesidad de asegurarse que Conape dirija la mayoría de su capital a la población más necesitada.
“Ese tema nos preocupa mucho. De hecho, una de las mociones es que al menos el 65% de los recursos de Conape vayan a las zonas de menor desarrollo relativo”, expresó el diputado.
En el 2017, la entidad giró ¢36.961 millones en préstamos a 5.892 estudiantes. De ellos, el 63% (3.715 personas) provenía de las zonas más deprimidas del país, mientras que el 37% ( 2.177) era de lugares de mayor ingreso.
